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Cierre de minas de carbón en Colombia: exigen compensaciones ambientales y sociales

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En Colombia tras el cierre de dos gigantescas minas de carbón en el norte del país, miles de familias piden que la empresa asuma los costos ambientales y sociales de años de explotación minera. ¿Con qué sustituir la actividad minera? El caso puede sentar un precedente en materia de transición energética.

Después de la pandemia de Covid19, el gigante minero Prodeco, subsidiara de la transnacional suiza Glencore anunció el cese de operación en las minas de carbón Jagua y Calenturitas, en el departamento del Cesar, por razones económicas. Sin embargo, tras 25 años de operaciones, la empresa deja un desastre ambiental en la zona. ¿Quién pagará para la restauración del medioambiente? ¿Cómo darles condiciones dignas a las familias de la región afectadas por la pérdida de cerca de 1200 empleos directos?

Al ser la primera vez que se cierra una mina en Colombia, las comunidades campesinos, locales y los sindicatos de empleados de Prodeco quieren dejar un precedente para futuras clausuras de minas y exigen a la empresa que repare los pasivos ambientales. El gobierno de izquierda de Gustavo Petro por su parte quiere convertir la región minera del Cesar en un "corredor de la vida" reduciendo poco a poco la dependencia de país en este combustible fósil altamente contaminante para la salud, el medioambiente y que agrava el calentamiento global.

RFI conversó con Andrea del Rocío Torres, abogada especializada en derechos ambientales y humanos y que defiende los derechos de 12 comunidades -ceca de 20000 personas- que viven alrededor de las minas de Jagua y Calenturitas en el norte de Colombia. Las comunidades solicitaron una decisión judicial de la Corte Constitucional colombiana para que garantice su derecho a participar en el plan de cierre ambiental de la empresa Prodeco.

> Bosques, fuentes hídricas y atmosfera: el desastre ambiental de 25 años de explotación del carbón:

>El cierre de la mina implica varias obligaciones para Prodeco. ¿Qué tipo de restauración ecológica se debe llevar a cabo? ¿Quién se hará cargo del costo de estas operaciones?:

>Los retos de una transición post-carbón, según Andrea Torres:

"Obviamente hay que garantizar que haya agua para cualquier tipo de agricultura, que haya territorio que no esté en desertificación. Que también hayan condiciones de salud óptimas. Hay unos proyectos muy interesantes de energías renovables y comunidades energéticas que está liderando el gobierno. Por el otro lado, también hay proyectos de agricultura sostenible para zonas que no tenemos tanta capacidad hídrica. Se están proponiendo también proyectos de productos de las comunidades que han sido tradicionales que puedan hacer un encadenamiento en comercio justo con algunas empresas del sector alimentario. Hay muchas alternativas. El tema es que primero hay que tener territorio, agua y salud para que esas comunidades florezcan en una nueva alternativa económica."

Se espera que la Corte Constitucional colombiana se pronuncie a finales de 2024 sobre las obligaciones de Prodeco en el proceso de cierre de las minas de Jagua y Calenturitas.

Escuche la entrevista completa de la abogada Andrea Torres, con Raphaël Morán:

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Después de la pandemia de Covid19, el gigante minero Prodeco, subsidiara de la transnacional suiza Glencore anunció el cese de operación en las minas de carbón Jagua y Calenturitas, en el departamento del Cesar, por razones económicas. Sin embargo, tras 25 años de operaciones, la empresa deja un desastre ambiental en la zona. ¿Quién pagará para la restauración del medioambiente? ¿Cómo darles condiciones dignas a las familias de la región afectadas por la pérdida de cerca de 1200 empleos directos?

Al ser la primera vez que se cierra una mina en Colombia, las comunidades campesinos, locales y los sindicatos de empleados de Prodeco quieren dejar un precedente para futuras clausuras de minas y exigen a la empresa que repare los pasivos ambientales. El gobierno de izquierda de Gustavo Petro por su parte quiere convertir la región minera del Cesar en un "corredor de la vida" reduciendo poco a poco la dependencia de país en este combustible fósil altamente contaminante para la salud, el medioambiente y que agrava el calentamiento global.

RFI conversó con Andrea del Rocío Torres, abogada especializada en derechos ambientales y humanos y que defiende los derechos de 12 comunidades -ceca de 20000 personas- que viven alrededor de las minas de Jagua y Calenturitas en el norte de Colombia. Las comunidades solicitaron una decisión judicial de la Corte Constitucional colombiana para que garantice su derecho a participar en el plan de cierre ambiental de la empresa Prodeco.

> Bosques, fuentes hídricas y atmosfera: el desastre ambiental de 25 años de explotación del carbón:

>El cierre de la mina implica varias obligaciones para Prodeco. ¿Qué tipo de restauración ecológica se debe llevar a cabo? ¿Quién se hará cargo del costo de estas operaciones?:

>Los retos de una transición post-carbón, según Andrea Torres:

"Obviamente hay que garantizar que haya agua para cualquier tipo de agricultura, que haya territorio que no esté en desertificación. Que también hayan condiciones de salud óptimas. Hay unos proyectos muy interesantes de energías renovables y comunidades energéticas que está liderando el gobierno. Por el otro lado, también hay proyectos de agricultura sostenible para zonas que no tenemos tanta capacidad hídrica. Se están proponiendo también proyectos de productos de las comunidades que han sido tradicionales que puedan hacer un encadenamiento en comercio justo con algunas empresas del sector alimentario. Hay muchas alternativas. El tema es que primero hay que tener territorio, agua y salud para que esas comunidades florezcan en una nueva alternativa económica."

Se espera que la Corte Constitucional colombiana se pronuncie a finales de 2024 sobre las obligaciones de Prodeco en el proceso de cierre de las minas de Jagua y Calenturitas.

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